La estrategia de seguridad pública implementada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto es objeto tanto de logros como de críticas. Durante su gobierno, se realizaron varias acciones enfocadas en combatir la violencia y el crimen organizado en el país, sin embargo, también hubo un aumento en los índices delictivos y graves violaciones a los derechos humanos.
Uno de los logros más destacados durante este periodo fue la captura de varios líderes de los principales carteles de la droga en México. A lo largo de seis años, se logró la captura de líderes emblemáticos como Joaquín "El Chapo" Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa, así como otros importantes líderes de grupos delictivos. Estas capturas representaron un golpe significativo al narcotráfico y enviaron un mensaje claro de que ningún líder del crimen organizado estaría a salvo.
Otro logro importante fue el fortalecimiento de la cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad. Durante este periodo se incrementó la colaboración y el intercambio de información entre ambas naciones, lo que permitió la captura y extradición de varios criminales buscados por la justicia.
Además, se implementaron diversas estrategias para fortalecer las instituciones encargadas de la seguridad pública, como la creación de la Gendarmería Nacional y la profesionalización de las fuerzas armadas y las policías estatales y municipales. Estas acciones buscaban mejorar la capacidad de respuesta de las autoridades ante la violencia y garantizar la seguridad de la población.
Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, los índices delictivos no disminuyeron durante el sexenio de Peña Nieto, sino que aumentaron. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el número de homicidios dolosos se incrementó de manera significativa durante este periodo, llegando a alcanzar una cifra récord de más de 25 mil homicidios en 2017.
Además, durante estos años también se registraron graves violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad. Casos como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014 y las ejecuciones extrajudiciales cometidas por elementos del Ejército y la Marina generaron indignación y pusieron en evidencia la falta de control y rendición de cuentas de las instituciones encargadas de la seguridad.
Otra crítica importante a la estrategia de seguridad del gobierno de Peña Nieto es el enfoque militarizado que se dio a la lucha contra el crimen. El despliegue de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública generó preocupación debido a las violaciones a los derechos humanos que se cometieron en este contexto, así como la falta de resultados concretos en la reducción de la violencia y la inseguridad.
En resumen, la estrategia de seguridad pública implementada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto tuvo logros importantes, como la captura de líderes del narcotráfico y la cooperación con Estados Unidos. Sin embargo, también se registró un aumento en los índices delictivos y graves violaciones a los derechos humanos. Esta estrategia ha sido objeto de fuertes críticas, principalmente por su enfoque militarizado y la falta de resultados concretos en la reducción de la violencia y la inseguridad.
