La gestión ambiental durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, que abarcó del 2012 al 2018, estuvo marcada por diversos planes y acciones que generaron tanto elogios como críticas. Uno de los objetivos declarados del sexenio fue impulsar un desarrollo económico armónico con el cuidado del medio ambiente. Sin embargo, los resultados alcanzados generan un análisis mixto.

En sus primeros años, el gobierno de Peña Nieto firmó diversos compromisos internacionales relacionados con el medio ambiente y el cambio climático, tales como el Acuerdo de París en 2015. Este compromiso buscaba reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y contribuir al objetivo global de mantener el aumento de la temperatura promedio mundial por debajo de los 2 grados Celsius. Además, se promulgó la Ley General de Cambio Climático que estableció metas a nivel nacional y local para la reducción de emisiones.

El Programa Nacional de Infraestructura contempló la construcción y renovación de infraestructuras clave en el país, algunas de las cuales implicaron un alto costo ambiental. Un ejemplo de esto es la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM), que se planeaba en el lago de Texcoco. Este proyecto generó una gran polémica por el impacto ambiental en una zona que es crucial para la recarga de acuíferos y la conservación de aves migratorias. Diversas organizaciones ambientalistas y comunidades locales expresaron su oposición, argumentando que no se realizaron estudios de impacto ambiental suficientes.

Además, la reforma energética promulgada en 2013 abrió las puertas a la inversión privada en el sector de hidrocarburos, lo que resultó en un crecimiento de la explotación petrolera y gasífera. Aunque se promovió la idea de que esto generaría beneficios económicos para el país, se dejó de lado el impacto ambiental que estas actividades tenían, tales como derrames de petróleo y contaminación de cuerpos de agua. Los activistas denunciaron que la reforma no promovía adecuadamente las energías renovables y seguían priorizando fuentes fósiles.

Por otro lado, se presentaron iniciativas para la mejora de la calidad del aire, especialmente en zonas urbanas como la Ciudad de México. El gobierno implementó programas como ProAire y fomentó el uso de energías limpias en los sectores de generación eléctrica. La transición a energías renovables tenía el propósito de diversificar la matriz energética y reducir la dependencia del petróleo. Sin embargo, la adopción fue lenta y dependió mucho del sector privado, dejando una huella de interés público insatisfecha.

Otra medida controvertida fue la expansión del sistema de áreas naturales protegidas. Bajo la administración de Peña Nieto, se designaron varias nuevas áreas protegidas, lo que pareció un avance positivo en la conservación de la biodiversidad. No obstante, los críticos señalaron que muchas de estas áreas no contaban con los recursos necesarios para su adecuada gestión y conservación. Además, en algunos casos, estas designaciones se realizaron sin suficientes consultas a las comunidades locales, generando conflictos y dudas sobre la implementación efectiva de estas protecciones.

La política forestal también tuvo luces y sombras. Mientras que hubo esfuerzos por reforestar y detener la deforestación ilegal, los números exactos de la superficie recuperada y la efectividad de estas medidas fueron cuestionados. Las estadísticas oficiales indicaban un progreso gradual, pero expertos sugirieron que la realidad en muchos casos reflejaba una falta de monitoreo y seguía existiendo una presión significativa sobre los bosques del país.

En cuanto a la gestión de recursos hídricos, el gobierno de Peña Nieto promovió diversas obras hidráulicas para mejorar el acceso al agua potable y el saneamiento. Sin embargo, los proyectos enfrentaron problemas de ejecución y, en muchos casos, no respaldaron adecuadamente la gestión sostenible del agua, perpetuando problemas como la sobreexplotación de acuíferos y la contaminación de ríos y lagos.

El manejo de residuos sólidos también se convirtió en un reto significativo. Si bien se promovieron iniciativas para el reciclaje y la reducción de residuos, la infraestructura y la educación pública necesarias para hacer efectivas estas políticas fueron limitadas. Esto resultó en un sistema de manejo de residuos que seguía altamente dependiente de los vertederos y con una baja tasa de reciclaje.

En el ámbito de la biodiversidad, el sexenio se caracterizó por acciones mixtas. Por un lado, se impulsó la cooperación internacional y la participación en conferencias globales para la conservación de especies en peligro. Por otro lado, los mecanismos internos de protección y las acciones concretas en el territorio nacional frecuentemente cayeron en la burocracia y la falta de implementación, afectando numerosas especies y ecosistemas críticos.

Además, la conflictividad social relacionada con proyectos extractivos se mantuvo latente. Las comunidades indígenas y campesinas, en diversas zonas del país, continuaron presentando resistencia ante proyectos mineros, hidroeléctricos y otros que, aunque promovidos con la bandera del desarrollo, implicaban significativos riesgos ambientales y sociales. En muchos casos, las quejas y protestas no fueron escuchadas adecuadamente, generando tensiones y enfrentamientos.

Al concluir el sexenio, el balance de la gestión ambiental de Enrique Peña Nieto podría interpretarse de manera compleja. A pesar de ciertos avances en términos de legislación y compromisos internacionales, la ejecución y la coherencia de las políticas ambientales dejaron varias áreas desatendidas. La implementación de diversas acciones y proyectos no siempre consideró el impacto ecológico ni las necesidades y derechos de las comunidades locales.

La experiencia demuestra que, aunque es posible establecer marcos normativos y compromisos ambiciosos para la protección del medio ambiente, la verdadera eficacia de estos esfuerzos depende profundamente de una implementación efectiva, transparente y equitativa. En el caso del sexenio de Peña Nieto, las divisiones entre unos objetivos ambientales declarados y las acciones reales en el terreno destacaron una contradicción que sigue siendo relevante para las futuras políticas ambientales del país.