Manuel Ávila Camacho asumió la presidencia de México el 1 de diciembre de 1940, tras una elección marcada por la relativa calma en comparación con sus predecesores. Su administración, que se extendió hasta 1946, se caracterizó por la consolidación del sistema político revolucionario y un acercamiento pragmático al manejo de conflictos sociales, económicos y internacionales. Ávila Camacho, conocido como el "presidente caballero", desempeñó un papel crucial en la transición del México postrevolucionario hacia una etapa de institucionalización y modernización.

La presidencia de Ávila Camacho se desarrolló en un contexto internacional complejo, debido a la Segunda Guerra Mundial. México, bajo su liderazgo, se alineó con los Aliados tras el ataque japonés a Pearl Harbor en diciembre de 1941 y la subsiguiente declaración de guerra a las Potencias del Eje en mayo de 1942, después del hundimiento de los buques petroleros mexicanos por submarinos alemanes. Esta decisión no solo manifestó el compromiso de México con la causa aliada, sino que también brindó una oportunidad para fortalecer las relaciones con Estados Unidos, del cual México recibió apoyo financiero y militar.

El esfuerzo de guerra tuvo un impacto significativo en la economía nacional. La industrialización tomó un impulso considerable, con un incremento en la producción de manufacturas y la creación de empleos en el sector urbano. El gobierno promovió una serie de políticas para modernizar el país, incluido el desarrollo de la infraestructura, con la construcción de nuevas carreteras y ferrocarriles, y el mejoramiento de las comunicaciones. Esta etapa también vio el fortalecimiento de instituciones claves como el Banco Nacional de Comercio Exterior, destinado a promover las exportaciones mexicanas.

Uno de los logros más notables del sexenio fue la estabilización de las relaciones laborales a través del fortalecimiento de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), la cual se convirtió en un actor fundamental del corporativismo mexicano. Vicente Lombardo Toledano, líder prominente de la CTM, trabajó en estrecha colaboración con el gobierno para mantener una paz laboral que fuera favorable tanto para las necesidades del país en tiempos de guerra como para las demandas de los trabajadores industriales. Este equilibrio permitió consolidar una base de apoyo sólida entre los obreros para el proyecto gubernamental.

La reforma agraria también continuó, aunque a un ritmo más lento que durante los gobiernos de Lázaro Cárdenas. Ávila Camacho optó por una estrategia de conciliación entre los intereses de los ejidatarios y los grandes terratenientes, buscando evitar los conflictos rurales que habían caracterizado épocas anteriores. Esta política de moderación ayudó a estabilizar el campo y a mantener la paz social, preparando el terreno para futuras reformas más profundas en el ámbito agrícola.

El campo educativo también experimentó avances significativos. Bajo la guía de Ávila Camacho, se establecieron políticas para reducir el analfabetismo y mejorar el sistema educativo nacional. La creación del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) en 1946 indicó un interés por fomentar la cultura y las artes, mientras que la expansión de la educación técnica buscó alinear las habilidades laborales con las crecientes necesidades industriales del país.

En cuanto a la política exterior, se destacó el fortalecimiento de la región latinoamericana a través de la participación activa en foros internacionales. México fue una voz importante en las conferencias Panamericanas y jugó un rol decisivo en la fundación de la ONU en 1945, uniendo fuerzas para establecer un orden mundial más justo y equitativo tras el conflicto global.

La creación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 1943 fue otro pilar del sexenio de Ávila Camacho. Esta institución fue establecida con la intención de proporcionar servicios médicos y sociales a los trabajadores, consolidando un sistema de seguridad social que había sido una demanda histórica de las clases trabajadoras y enfatizando el compromiso del gobierno con el bienestar de sus ciudadanos.

En el ámbito político, Ávila Camacho tuvo éxito en institucionalizar el Partido de la Revolución Mexicana (PRM) y, eventualmente, transformarlo en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 1946, que se convertiría en la fuerza hegemónica en la política mexicana durante las siguientes décadas. Esta transformación marcó un avance significativo en la organización y operatividad del aparato político nacional, consolidando una estructura que buscaba representar y reconciliar los intereses de diferentes sectores de la sociedad mexicana.

El mandatario también enfrentó desafíos importantes, incluyendo tensiones con la derecha conservadora y los movimientos comunistas. Aunque procuró mantener un equilibrio entre estos extremos, no estuvieron exentos de críticas por ambos lados. Su habilidad para navegar estos desafíos sin dejar que el país sucumbiera a la polarización violenta evidenció su destreza política y su compromiso con la estabilidad.

Las políticas económicas de Ávila Camacho estuvieron marcadas por la influencia del keynesianismo, priorizando la intervención del Estado en la economía para estimular el desarrollo y salvaguardar el bienestar de la población. Esta perspectiva permitió la implementación de políticas que fomentaron la estabilidad económica y una gradual mejora en los niveles de vida, a pesar de los retos que presentaba un escenario global en guerra.

A medida que su sexenio llegaba a su fin, Ávila Camacho dejó un legado de estabilidad y modernización que sentó las bases para el crecimiento y desarrollo de las décadas subsecuentes. Su gobierno consolidó un sistema político robusto y adaptable, que, aunque no sin sus defectos, proporcionó una estructura de gobernabilidad significativa para México durante la segunda mitad del siglo XX.

En resumen, el sexenio de Manuel Ávila Camacho representó una etapa de consolidación y transición crucial en la historia política y social de México. Su gobierno no solo sentó las bases para la industrialización y modernización del país, sino que también institucionalizó y estabilizó el sistema político revolucionario, asegurando un futuro de relativa estabilidad y prosperidad. Las políticas implementadas durante este periodo tuvieron profundas repercusiones en la estructura política, económica y social de México, marcando el inicio de una nueva era en la historia mexicana.