25 de septiembre de 2024

El Senado de la República aprobó, tras casi nueve horas de debate, la reforma constitucional que consolida a la Guardia Nacional como una fuerza de seguridad pública de carácter permanente, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional. Con 86 votos a favor y 42 en contra, la reforma fue enviada a las legislaturas estatales para su análisis y eventual ratificación.

El dictamen fue respaldado por Morena, PT y PVEM, además de contar con el voto del senador Miguel Ángel Yunes Márquez, del PAN. Los legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano se opusieron, argumentando que la militarización de la seguridad pública ha sido un fracaso en los últimos sexenios.

Durante el debate, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Adán Augusto López Hernández, aseguró que la reforma permitirá profesionalizar a las instituciones encargadas de la seguridad pública, contribuyendo a la pacificación del país. Por su parte, Ricardo Anaya, del PAN, criticó la medida, señalando que la estrategia de militarización ha causado un aumento significativo en los homicidios desde el sexenio de Felipe Calderón.

Legisladores de Morena y PT defendieron la reforma, argumentando que combinará las capacidades operativas del Ejército con un enfoque en derechos humanos, asegurando la seguridad nacional. Omar García Harfuch, de Morena, destacó la necesidad de la Guardia Nacional para enfrentar a la delincuencia organizada en comunidades con escasos cuerpos policiales.

En contraste, el PRI y Movimiento Ciudadano manifestaron su rechazo a la reforma. Manuel Añorve Baños, del PRI, calificó la medida como una admisión de incapacidad por parte del gobierno para resolver el problema de la inseguridad. Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano, advirtió que la reforma debilita la separación entre el poder civil y el militar.

A pesar de las críticas, la asamblea aprobó el dictamen sin modificaciones, rechazando las reservas presentadas por la oposición. Ivideliza Reyes, de Acción Nacional, insistió en que la reforma pone en riesgo tanto la seguridad ciudadana como los principios democráticos del país.

Finalmente, la reforma fue aprobada en lo general y en lo particular, siendo remitida a las legislaturas estatales para su revisión, donde se espera que continúe el debate sobre el futuro de la Guardia Nacional y su rol en la seguridad pública de México.